GABRIEL JARABA
El anuncio de que el Gobierno de España se propone establecer un mínimo de edad para acceder a las redes sociales ha enfurecido algunos “oligarcas digitales” que hasta ahora han sido acostumbrados a operar sin regulación alguna y ninguno, o escaso, sometimiento a las legislaciones y normativas europeas. No quiero pensar pues cuál habría sido la reacción de Pavel Durov o Elon Musk –y otros que se callan– si el propósito del gobierno hubiera sido emprender alguna medida más ambiciosa. Pero el aviso ya está lanzado: a nuevas realidades sociotécnicas corresponden nuevas legislaciones democráticas.
El anuncio de que el Gobierno de España se propone establecer un mínimo de edad para acceder a las redes sociales ha enfurecido algunos “oligarcas digitales” que hasta ahora han sido acostumbrados a operar sin regulación alguna y ninguno, o escaso, sometimiento a las legislaciones y normativas europeas. No quiero pensar pues cuál habría sido la reacción de Pavel Durov o Elon Musk –y otros que se callan– si el propósito del gobierno hubiera sido emprender alguna medida más ambiciosa. Pero el aviso ya está lanzado: a nuevas realidades sociotécnicas corresponden nuevas legislaciones democráticas.
Con esta advertencia del gobierno no había para tanto. ¿Limitación de edad de acceso a las redes? ¿Como la que hay para los portales y webs porno, que los críos de 12 años y menos entran a mansalva sólo con clicar “sí, soy mayor de 18 años”? La venta de tabaco a los menores está prohibida pero la de porros no, por ejemplo, aunque fuera de los circuitos comerciales; a los chavales que fuman porros no les caen del cielo. De modo que medidas de limitación de edad para las redes son posibles pero deben estar bien hechas.
La identificación por edad para acceder a un producto comunicacional es una medida prudente, existe para el cine y otros espectáculos. La hay para conducir, pero esta medida o similar no es aplicable a todo. Existe una vigilancia de la circulación en la vía pública a cargo de la policía pero no existe un equivalente para el acceso de los menores a las redes o productos de internet inconvenientes para ellos. De modo que, ¿quién vigilará y hará cumplir la ley?
Y aquí es donde le aprieta el zapato, en este caso señores bien calzados millonarios y empresarios de las redes sociales. La vigilancia les corresponde a ellos, y eso no gusta, porque no sólo deberían implantar medidas técnicas hasta ahora inéditas sino acotar un espacio limitado a unas redes que hasta ahora han aparecido como un campo libre para correr. Los tecnooligarcas argumentarán que defienden la libertad de expresión porque quieren preservar un espacio que atrae público de todas partes, de todas las edades y segmentos, que aportan su presencia, contenidos y atención personal para engordar un negocio en cuya mesa ellos no son los comensales sino el menú.
La confusión que puede haber proviene de no darnos cuenta de que las redes no son lo que eran en los inicios de la web 2.0, internet ya no es sólo un campo libre y despejado. Ni una cosa ni otra; en las profundidades abisales se encuentra la “dark web”, sálvese quien pueda para las delincuencias y en la punta del iceberg, las grandes empresas de la comunicación que quieren hacerse pasar por tecnológicas y que se han apropiado de internet. El intercambio libre entre personas y grupos que hizo pensar que accedíamos a una nueva era de la comunicación ha sido suplantado por unas intervenciones que van mucho más allá de las mediaciones comunicacionales conocidas: son determinaciones tecnológicas que en lugar de facilitar un simple intercambio condicionan las tendencias de las conversaciones y las sitúan en posiciones que favorecen sus propios intereses políticos en términos de gestión.
El descubrimiento de la aplicación de algoritmos al tráfico de mensajes en las redes ha terminado de transformarlas en otra cosa distinta al objeto para el que fueron creadas. Y se han introducido elementos que, con el consiguiente decantamiento de las tendencias de los mensajes, las sitúan en territorios problemáticos para el acceso de los menores. La mediatización algorítmica favorece el “rage bait” (cebo de la bronca) o favorecer la formación de nichos de conversaciones centradas en enfrentamientos. Con lo que ocurre un fomento del “mal rollo” que condiciona el sucesivo desarrollo de los hilos de conversación y decanta el aparente planteamiento neutro de la red a un espectáculo airado. Difícilmente podremos decir que ese “mal rollo” es apropiado para los menores.
La limitación de edad en las redes es una medida limitada, prudente y modesta. La apropiación corporativa de internet pone de relieve que las grandes empresas más que tecnológicas se presentan como territorios libres al tiempo que hacen un uso privado de la gran red para su beneficio. Y ahí está la cuestión de fondo: es posible que nos encontremos en un caso parecido al de las televisiones y las radios, que operan con concesiones del estado para el uso privado del espacio radioeléctrico, para lo que deben disponer de licencias, pagar tasas y sujetarse a la legislación apropiada.
En el caso de internet vemos que el ciberespacio se ha convertido en un nuevo espacio de comunicación que, más allá del pago de alojamiento, direcciones y almacenamiento de datos, utiliza un bien público cuya titularidad debería ser también pública. El editor de un diario debe pagar los costes de impresión, el papel y la distribución, bienes privados; un empresario de internet hace como si fuera una televisión sin tener que pedir una licencia y pagar el uso del espacio público. Las regulaciones de la gran red universal y sus normativas se han quedado raquíticas y obsoletas. La regulación de la edad de acceso a las redes es, pues, una medida prudente que debería prefigurar legislaciones más actualizadas.
